SOPA y PIPA
Las compañías de medios siempre están buscando formas de combatir la piratería. Han probado denunciando a usuarios individuales, haciendo que los proveedores de servicios de Internet (ISPs) tomen medidas contra sus propios suscriptores, y colaborando con el gobierno de los Estados Unidos.
La aparición de Stopping Online Piracy Act (SOPA) y Protect IP Act (PIPA) que son iniciativas legislativas más impopulares impulsadas por la legislación de EE.UU. que buscan combatir la difusión no autorizada de material protegido con copyright a través de la red.
De aprobarse cualquier sitio web (independientemente del lugar donde se encuentre) será pasible de sanción si es que permite el alojamiento de contenidos ilegales. La norma establece además que los servidores serán sancionados si mantienen por un breve espacio de tiempo a las webs con contenidos con derechos de autor.
Lo que pretende la norma es impedir el acceso a las páginas que facilitan la descarga de contenidos piratas retirándola de los servidores, censurándolas de los buscadores y obligando a los proveedores de Internet a bloquearlas para los internautas.
La distribución de copias ilegales también será castigada y se restringirá el acceso a páginas que contengan producciones protegidas por los derechos de autor.
Aunque las propuestas presentadas en el Congreso y el Senado son similares, SOPA es la más extrema de las dos. Define a un “sitio extranjero infractor” como cualquier sitio que está “cometiendo o facilitando” la violación de copyright, y en cambio PIPA se limite a sitios con “ningún otro uso significativo que” infringir contra el derecho de autor. Hay más detalles sobre SOPA y PIPA en la Biblioteca del Congreso estadounidense.
Derechos de Autor
Erick Iriarte, abogado especialista en temas informáticos señala que la ley SOPA pretende “es regular el entorno digital y proteger a la industria de contenido, específicamente del contenido que no es creado en la red. Sin embargo, esa norma choca con todo el contenido que es creado en línea por millones y millones de usuarios”.
Para Iriarte, el tema principal es que se trata de una ley pensada en que solo algunas pocas personas pueden ser creadoras. “La ley de derecho de autor protege el derecho humano, de todos, de crear, no de algunos”, detalla. A su entender, lo que esta norma hace es generar censura previa. “Puede terminar bloqueando la libertad de expresión bajo una aparente protección de la propiedad intelectual. Bajo ese argumento es que la Casa Blanca no ha apoyado esta ley”.
¿Qué significaría en la práctica?
Según el diario el País en su versión digital nos señala que la ley responsabilizaría a aquellos buscadores, portales y páginas que publiquen links a contenido protegido y otras webs de descargas. Mediante una orden judicial, cualquier productora de cine que descubra que una página ofrece copias ilegales de sus películas, podría obligar a Google a eliminarla de los resultados del buscador.
Sitios como Facebook, YouTube o Flickr deberían responder por el contenido que recomienden los usuarios en cuanto haya sospecha de que viola la propiedad intelectual. Los usuarios, por tanto, serían responsabilizados al compartir-en páginas personales, redes sociales y correos electrónicos- links a webs que alojen copias ilegales, aunque no las hayan hecho ellos mismos ni se beneficien económicamente de su distribución.
A favor y en contra
La comunidad tecnológica de EE UU lidera la oposición a las leyes. Mozilla, Twitter, la Fundación Wikipedia, Yahoo!, Facebook, Ebay, AOL, Zynga y hasta 55 inversores y más de 200 emprendedores han manifestado al Congreso su preocupación por el posible impacto de la legislación en el mercado.En el Congreso, la controversia de los textos de las dos normativas ha convertido en aliados a grupos de políticos tan poco comunes como la excandidata republicana Michelle Bachman, la demócrata y exportavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el aspirante presidencial republicano Ron Paul, y Darrell Issa, miembro de la derecha más conservadora y uno de los grandes opositores de SOPA. A favor de la legislación también se han unido el veterano demócrata Patrick Leahey, el republicano y candidato a las presidenciales de 2008 John McCain, el independiente Joe Lieberman y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid.
La Cámara de Comercio de EE UU, uno de los grandes grupos a favor de la legislación, alega que la piratería cuesta a los negocios norteamericanos más de 135.000 millones de dólares al año.
Argumentos de los detractores de la ley
Las leyes SOPA y PIPA, ambas creadas para salvar puestos de trabajo de diferentes industrias, podrían eliminar empleos al crear incertidumbre por obligar a las empresas a destinar más tiempo al control y vigilancia de todo el material que compartan los usuarios. También defienden que el Gobierno de EE UU podría ordenar el bloqueo de páginas web utilizando métodos parecidos a los empleados en China o Irán y que, a pesar de todo, la nueva legislación no impediría las copias ilegales. Finalmente, advierten que las leyes podrán fragmentar internet, censurar la Red, dificultar la innovación en industrias que tradicionalmente se han beneficiado de la libertad online y porque suponen una intervención demasiado amplia por parte del gobierno en los derechos de los ciudadanos.
Los opositores a SOPA y PIPA creen que ninguna de las legislaciones hace lo suficiente para proteger al denunciado de falsas acusaciones. Como explica la Electronic Frontier Foundation, las provisiones en el proyecto otorgan inmunidad a los procesadores de pago y redes de publicidad que bloquean a los sitios basados en un indicio razonable de infringimiento, de forma que, aunque los alegatos resulten ser falsos, sólo el sitio web sufre. “El estándar para inmunidad es increíblemente bajo y el potencial para que abusen de ella se sale de proporción”, dice la EFF.
Mientras tanto, los sitios que alojan contenido generado por los usuarios sentirán la presión de monitorear de cerca el comportamiento de sus miembros. Dicho monitoreo ya ocurre en sitios grandes como YouTube, pero podría ser un gran gasto para las empresas que recién comienzan, agrega la EFF
El cierre de Megaupload
La operación se ha dirigido contra dos compañías, Megaupload Limited y Vestor Limited, y en estos momentos las páginas web Megaupload -intercambio de archivos- y Megavideo -visualización de vídeos en Internet-, ambas propiedad de las mismas compañías, se encuentran inaccesibles, como también lo están Megapix, Megalive y Megabox.
El Departamento de Justicia acusa a siete de los responsables de estas compañías de crimen organizado y asegura que son "responsables" de "piratería masiva en todo el mundo de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual". Además, en la nota hecha pública se asegura que estas páginas han generado más de 175 millones de dólares en actividades delictivas y que han causado "más de 500 millones de dólares en daños a los propietarios de las obras protegidas".
Hasta 50 años
La denuncia contra los acusados se cursó el 5 de enero en EEUU, y los cargos concretos son participar en una conspiración de crimen organizado, cometer infracciones de derechos de autor de forma masiva, blanqueo de dinero y dos cargos criminales de violación de la propiedad intelectual. Así, cada uno de los siete acusados se enfrentan a penas de hasta 50 años de prisión entre todos los cargos.
Así, la demanda de la administración estadounidense identifica al fundador de las compañías, el alemán Kim 'Dotcom', alias de Kim Schmitz como Kim 'Tim Jim Vestor', de 37 años y residente en Hong Kong y Nueva Zelanda, de liderar esta red criminal. Dotcom sería el director y único accionista de Vestor Limited, que sería la compañía utilizada para encubrir sus actividades en todas las páginas web afiliadas a la red 'Mega'.
'Dotcom' es un 'hacker' millonario alemán de 38 años residente desde 2010 en Nueva Zelanda aficionado a los coches deportivos y las mujeres, según un perfil publicado en la prensa neozelandesa. Considerado uno de las 10 personas más ricas del país, está casado y tiene tres hijos.
Además del fundador, han sido acusados el director de márketing Finn Batato, de 38 años y ciudadano de Alemania; Julius Bencko, diseñador, de 35 años y ciudadano de Eslovaquia; Sven Echternach, director de desarrollo de negocio, 39 años y ciudadano de Alemania; Mathias Ortmann, director técnico, cofundador y director, 40 años y ciudadano de Alemania; Andrus Nomm, programador, de 32 años y ciudadano de Estonia; y Bram van der Zolk, programador, de 29 años y ciudadano holandés.De los acusados, Dotcom, Batato, Ortmann y Van der Kolk fueron detenidos de forma provisional en Auckland, Nueva Zelanda, a petición de EEUU, y han sido enviados a prisión de forma preventiva. Bencko, Echternach y Nomm, por ahora, permanecen en libertad.
Además, se han ejecutado más de 20 intervenciones de bienes en nueve países, con las que se han incautado alrededor de 50 millones de dólares. También se han intervenido servidores de la compañía en Virginia, Washington, Holanda y Canadá. Asimismo, se han retenido 18 dominios de Internet asociados con las compañías intervenidas.
En su nota, el Departamento de Justicia explica que durante cinco años estas compañías, a las que acusan de ser toda una red de "conspiración", han gestionado páginas web que "reproducen y distribuyen copias no autorizadas protegidas por propiedad intelectual en una escala masiva". Así, estima que Megaupload sumaba 150 millones de usuarios registrados, 50 millones de usuarios diarios y alrededor del 4% del tráfico de Internet. Con estos datos, se asegura, sin otra valoración, que el daño causado a las compañías propietarias de los derechos de propiedad intelectual es de 500 millones de dólares.
Asimismo, se establecen losbeneficios "ilegales" logradas por los acusados en dichos años en 175 millones de dólares a través de publicidad y venta de cuentas 'premium'. Además, según la demanda, se les acusa de blanquear dinero "pagando a usuarios" a través de un sistema de incentivos a quienes publicasen archivos con más descargas y con pagos a otras compañías para alojar contenido que infringía la propiedad intelectual.
También se detalla el modo de funcionamiento de Megaupload, es decir, la posibilidad de 'subir' y descargar archivos y se asegura que el modelo de negocio de la compañía estaba "expresamente diseñado para promover la publicación de las obras protegidas más populares para que fuesen descargadas por millones de usuarios".
Así, se alega que el sitio estaba construido para desalentar a los usuarios de su uso para fines personales debido a que se eliminaban los archivos "que no eran descargados de forma regular". De la misma manera, se destaca que otro indicio del comportamiento delictivo es que se incentivaba a aquellos usuarios capaces de generar más descargas y tráfico en el sitio, y que se les pagaba en función de sus resultados aun cuando los propietarios eran conscientes de que para conseguirlo publicaban obras protegidas y las promocionaban en otras páginas web.
No es lo único que se utiliza para acusar a los propietarios de Megaupload de conspiración. Se destaca que la página no contaba con un buscador ni con otras formas de localizar contenido para que no fuesen fácilmente accesibles los archivos protegidos. Además, se alega que no se cerraban cuentas de usuarios infractores, como era obligación de la página, y que en muchos casos se retrasaba la retirada de contenidos protegidos y se tergiversaban los términos en que estaban protegidos por derechos de autor.
Así, se alega que el sitio estaba construido para desalentar a los usuarios de su uso para fines personales debido a que se eliminaban los archivos "que no eran descargados de forma regular". De la misma manera, se destaca que otro indicio del comportamiento delictivo es que se incentivaba a aquellos usuarios capaces de generar más descargas y tráfico en el sitio, y que se les pagaba en función de sus resultados aun cuando los propietarios eran conscientes de que para conseguirlo publicaban obras protegidas y las promocionaban en otras páginas web.
No es lo único que se utiliza para acusar a los propietarios de Megaupload de conspiración. Se destaca que la página no contaba con un buscador ni con otras formas de localizar contenido para que no fuesen fácilmente accesibles los archivos protegidos. Además, se alega que no se cerraban cuentas de usuarios infractores, como era obligación de la página, y que en muchos casos se retrasaba la retirada de contenidos protegidos y se tergiversaban los términos en que estaban protegidos por derechos de autor.
Un día después de las protestas contra la SOPAUna operación que se produce un día después de que una serie de páginas web protestaran por la iniciativa SOPA, que busca promulgar una ley que, en EEUU, permita bloquear páginas web extranjeras que perjudiquen obras protegidas por derechos de autor.
Sin embargo, en ningún caso se vincula la operación con esta medida. Según la información publicada, la investigación está dirigida por el fiscal del distrito este de Virginia y la sección de propiedad intelectual del Departamento de Justicia de EEUU a instancia del FBI y el Centro Nacional de Coordinación de la Propiedad Intelectual (IPR en inglés).
Megaupload es una de las más importantes páginas web de intercambio de archivos del mundo. Está en funcionamiento desde 2005 y permite 'subir' todo tipo de archivos que después pueden ser descargados en cualquier otro ordenador. Asimismo, Megavideo permite a cualquier usuario publicar vídeos que después pueden visualizarse en cualquier parte, como hace YouTube.
Fuentes:
http://www.pcworld.com.mx/Articulos/20771.htm
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/19/actualidad/1326967261_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/19/navegante/1327002605.html
http://www.publico.es/culturas/417986/el-cierre-de-megaupload-inflama-la-guerra-en-la-red
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